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Texas
Publicado el 09-18-2009

CONFIRMAN LEY DE REUNIONES ABIERTAS

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Austin- La Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito desestimó una demanda que desafiaba la constitucionalidad de la Ley de Texas de Reuniones Abiertas (Texas Open Meetings Act, TOMA). El Procurador General de Texas Greg Abbott defendió la Ley, argumentando que la demanda presentada por los exmiembros del concilio de la Ciudad de Alpine, Avinash Rangra y Anna Monclova (Rangra and Monclova v. Brown and Abbott), ya es irrelevante. El panel en pleno de la corte manifestó su acuerdo y desestimó el caso como irrelevante por una votación de 16 a 1.

“El gobierno abierto y transparente es fundamental para nuestro sistema de gobierno democrático", dijo el Procurador General Abbott. “La Ley de Texas de Reuniones Abiertas asegura que los funcionarios electos realicen los negocios de los contribuyentes con transparencia y de una manera que informe al público sobre las decisiones que toma el gobierno. Los texanos tienen derecho a saber de su gobierno, sus representantes electos y las normas que se adoptan en nombre del público”.

“La decisión en pleno representa una importante victoria para el estado”, dijo el Subprocurador General James Ho, abogado principal para los apelados en el caso. “Protege el principio fundamental de la transparencia gubernamental en Texas, y preserva nuestra victoria ante la corte federal que afirma la Ley de Texas de Reuniones Abiertas”.

Además de defender la ley TOMA contra el desafío constitucional, el escrito presentado por la Procuraduría General a finales de agosto también argumentaba que el caso perdió relevancia cuando los demandantes dejaron su puesto. Argumentaba que “solo un ‘miembro de un organismo gubernamental’ cubierto por la ley TOMA puede cometer un delito bajo la Ley, un ciudadano común no puede”. El escrito explicaba que la Ley de Reuniones Abiertas ya no se aplica a ninguno de los demandantes porque Monclova dejó su puesto en el concilio en mayo de 2006 y Rangra en mayo de 2009. La decisión de la corte confirmó el argumento de la procuraduría general y desestimó el caso.

Rangra fue acusado formalmente en febrero de 2005 por infringir la ley TOMA después de enviar correos electrónicos a un quórum del Concilio de la Ciudad de Alpine. Debido a que esos correos electrónicos trataban asuntos oficiales de gobierno, Rangra fue acusado de realizar una reunión ilegal cerrada. El cargo fue retirado después.

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